Señores
Parlamentarios.
Los Productores Orgánicos de Chiloé, La Asociación de consumidores y usuarios de Chiloé, La Unión comunal de juntas de vecinos rurales de Ancud, La Asociación de pequeños agricultores de Chiloé, La unión comunal de juntas de vecinos urbana de Ancud, La agrupación de trabajadores, técnicos y profesionales del agro de Ancud, La Red de Productores orgánicos Los Lagos A.G, La asociación de Apicultores de Chiloé, la agrupación de apicultores de Ancud, El movimiento ecologista de Ancud, La Cooperativa de trabajo Archipiélago, la Corporación GAIA CHILE y ciudadanos preocupados por una alimentación sana y segura queremos compartir con Ustedes nuestra más profunda preocupación por los alcances implícitos que representa la nula información y, más aún, la nula participación de los productores y ciudadanos, en general, en la discusión del Convenio UPOV y en la Ley que Regula los Derechos de los Obtentores Vegetales.
Además, quisiéramos precisar que:
No es real la supuesta inocuidad de los organismos transgénicos tanto para la salud como el medio ambiente, pues ya se ha comprobado alteraciones de la salud en consumidores de estos productos y también es efectiva la contaminación cruzada de estas variedades a cultivos tradicionales dejando a los pequeños agricultores en una situación de indefensión frente al poder desigual de los propietarios de estas variedades mejoradas genéticamente.
Muchos estudios sobre los que se basan la mayoría de las legislaciones mundiales fueron realizados por la principal empresa productora de semillas transgénicas a nivel mundial y cada día existen más pruebas que demuestran la escasa objetividad, rigurosidad y profesionalidad de los mismos.
En los países donde los ciudadanos están mejor informados existe una gran oposición a este tipo de alimentos, así como a su producción. En Chile, la población no está en absoluto informada. Tampoco consideramos que estén suficientemente informados los diputados y senadores en cuyas manos está la aprobación de estas leyes.
Existe una alarmante concentración del patentamiento de los recursos genéticos locales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales, las que no han dudado en interponer agobiantes demandas a productores por el uso libre de semillas que antes fueron de su propiedad. Una vez más los productores y los consumidores conscientes quedamos indefensos por el uso de lo que históricamente fueron nuestras semillas. Debe recordarse que variedades son patentadas ya no pueden ser de libre uso, por lo tanto, el agricultor debe pagar por su uso en forma permanente.
Se ha demostrado claramente que no es posible la coexistencia entre cultivos genéticamente modificados y ecológicos. Los numerosos casos de contaminación a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde las semillas hasta el producto final, son una demostración clara de que la contaminación transgénica es inevitable. La contaminación de las semillas reviste especial gravedad por su carácter irreversible, impidiendo una posible marcha atrás en caso de ser necesaria la retirada del mercado de determinados organismos genéticamente modificados. De ahí la exigencia irrenunciable de que se aplique el principio de precaución, relegado al olvido actualmente al permitirse el cultivo de variedades modificados genéticamente para semillas en nuestros campos y la introducción de ingredientes transgénicos en nuestros platos.
Respecto de la aprobación del Convenio UPOV91, que viene a cumplir la exigencia del Tratado de Libre Comercio con EEUU, debemos manifestar que no consideró la consulta a los pueblos indígenas protegidos por el Convenio 169 de la OIT y a los campesinos de Chile representados en varias organizaciones. Esta grave y anti democrática manifestación del poder viene a confirmar una vez más el abismo creciente entre legisladores y ciudadanía, especialmente en temas tan relevantes como este.
El convenio UPOV ha ido fortaleciendo en sus nuevas versiones los derechos de los propietarios de plantas a expensas de los agricultores tradicionales. Además la cultura transgénica implica la progresiva desaparición del pequeño agricultor, a favor de la agricultura extensiva. Creemos haber entregado suficientes pruebas a nuestra sociedad sobre nuestro rol de productores de alimentos sanos y, por lo mismo, creemos tener derechos a defender nuestros cultivos, nuestra cultura productiva y, por ello los invitamos a defender nuestro patrimonio alimentario y biodiversidad agropecuaria que creemos está en riesgo..
Estamos convencidos que la agricultura orgánica es la única que se puede apropiar de los conceptos producción limpia, máxima calidad e inocuidad de los productos. Utilizar estos términos, como lo hace el proyecto de ley, para producciones derivadas de técnicas de manipulación genética que, además llevan aparejado el uso de herbicidas a gran escala, es una tergiversación absoluta de la realidad, en perjuicio de la mayor calidad de los productos orgánicos y de la salud de los chilenos.
Los productores agropecuarios (campesinos e indígenas) creemos tener derechos históricos en la mantención, conservación, multiplicación, y sobre todo en el mejoramiento de recursos genéticos locales que han sido y son la base de la seguridad alimentaria de nuestra sociedad.
Manifestamos que el Estado debe hacerse responsable para que los agricultores tengan libre acceso a las semillas nativas que por siglos han mantenido éstos recursos y han asegurado la alimentación de nuestra sociedad local. En líneas generales, se trata de producir con nuestro propio patrimonio genético, teniendo el derecho a mejorarlo mediante el conocimiento ancestral de los productores chilotes, apoyados para ello por profesionales respetuosos del saber campesino. Los alimentos que deseamos producir, tienen la particularidad de ser inocuos de verdad y, por lo tanto, sanos para el organismo humano, librando a nuestra comunidad local de la posibilidad de enfermar por consumo de alimentos producidos industrialmente, ello por la no adición de insumos químicos: fertilizantes y pesticidas.
El mundo necesita enfoques agrícolas sosteniblesy es hora de que los gobiernos y los especialistas dediquen sus energías y recursos a desarrollar tecnologías y políticas compatibles con la protección del medio ambiente, una producción segura y de calidad y un reparto justoentre todos los seres humanos en especial con quienes son los productores directo de los alimentos.
Finalmente, quisiéramos señalar que el propósito de nuestro país de transformarnos en potencia agroalimentaria y forestal sólo es posible considerando a los pequeños agricultores como responsables principales en la mantención de los recursos genéticos locales, en nuestra cultura productiva, los conocimientos ancestrales que nos ha permitido ser mejoradores de los cultivos que son finalmente nuestros alimentos y que hemos logrado mantener la biodiversidad existente y que es la base del bienestar de nuestra gente.
Nos preocupa profundamente que bajo el pretexto de promover inversiones extranjeras estemos hipotecando el futuro de las generaciones venideras. Internacionalmente se ha demostrado las verdaderas intenciones de las empresas extranjeras que no es otra cosa que maximizar sus ganancias sin importarles la alimentación de las personas y, menos aún, la sobre vida del sector de la pequeña agricultura familiar campesina.
Cuando nuestro sector interviene los ecosistemas productivos no sólo estamos pensando en el dinero que generaremos, nos mueve muy sentidamente el ofrecer alimentos sanos a nuestra gente y, sobre todo, en no agotar la base de los recursos naturales que nos permite la sobrevida.
Por todo lo anterior, es que nos atrevemos a apelar por una amplia discusión y participación para que esta ley represente los intereses de quienes hemos sido los mejoradores históricos de los recursos genéticos locales y que esta vez la expresión de preocupación se traduzca en un proyecto de Ley que resguarde los derechos de los productores campesinos e indígenas, en la protección de la biodiversidad local y en asegurar el derecho de todos los chilenos a una alimentación y a un medio ambiente sano.
